Política Educativa Colombiana, una medición de calidad lejos del contexto
Colombian educational policy, a measure of quality far from the context
Paula Andrea Castro Vanegas 1
Martha Cecilia Garzón Pérez 2
Martha Cecilia Garzón Pérez 2
Recibido: 29/11/2017 - Aceptado: 20/12/2017
Cómo citar este artículo: Castro, P. y Garzón, M. (2017). Política educativa colombiana, una medición
de calidad lejos del contexto. e-ikon, vol. 4, (1), 32- 40.
Resumen
La política pública con el fin de afectar de manera positiva la práctica educativa y permitir la multiplicidad social, en un intento por la congruencia y prioridad del acceso a la educación como derecho, ha creado diversas estrategias que han permitido la transformación del sistema educativo; sin embargo aún se deben asumir retos que en el contexto socio cultural colombiano permitan eliminar las diferencias, logrando un sistema educativo sólido e incluyente. Las políticas de calidad ponen en hombros de las instituciones, docentes y estudiantes exigencias que distan de la calidad de vida y de la educación, exigidas en una planeación alejada del contexto, así los resultados son concebidos por el gobierno nacional como oportunidad para el trabajo, calidad del servicio y desarrollo social, enfocando sus dinámicas en la productividad y no en la creación de oportunidades.
Palabras clave: Política pública, política educativa, calidad, sociedad
Abstract
Public policy in order to positively affect educational practice and allow social multiplicity, in an attempt to congruence and prioritize access to education as a right, has created various strategies that have allowed the transformation of the educational system; However, challenges must still be assumed that, in the Colombian socio-cultural context, allow for the elimination of differences, achieving a solid and inclusive educational system. Quality policies place on the shoulders of institutions, teachers and students demands that are far from the quality of life and education, required in a planning far from the context, so the results are conceived by the national government as an opportunity for work, quality of service and social development, focusing its dynamics on productivity and not on the creation of opportunities.
Keywords: Public Policy, Education policy, quality, education, society
Para interpretar la política educativa en el contexto colombiano, es necesario dar una mirada en primera instancia al concepto de política pública permeado por el sistema político y que tiene como función el diseño, gestión, y evaluación de las políticas en las que indudablemente interviene el poder social, del que además hacen parte las políticas educativas que vistas desde el sistema social colombiano, derivan una serie de problemáticas nacidas de la habitancia y el entorno, del que posiblemente emergen otras tantas que han sido consideradas más que problemáticas, necesidades u objetivos estratégicos a resolver, y que son los que en este escrito se reconocen como relevantes, sobre todo al tomar decisiones que desde la política pública en educación incluyen sistemas y evaluaciones que distan al reconocer como calidad, factores en los que prima la valoración y potencialidad de ejercicios educativos que no han sido producidos en el país y que proponen retos científicos, técnicos, culturales y académicos desde el desarrollo global suponiendo un sano equilibrio entre estado - sociedad civil - mercado, que convierten la educación en una empresa, un sistema económico que desde la etapa infantil, prepara para cumplir con las exigencias del estado y no las humanas, dentro de las que se incluye la educación como derecho fundamental equitativo y la única posibilidad de desarrollo social, desarrollo que está siendo medido en función de una calidad educativa sin correspondencia con la calidad de vida de la población.
En el proceso de formulación de políticas públicas participan el sistema económico, político y jurídico permeados por la participación de personas y grupos sociales, que son quienes siendo políticamente aceptados tienen la capacidad de decidir y participar en una sociedad sujeta a las directrices del Estado y para las que finalmente surgen las políticas y lineamientos, en este caso de la educación; frente a esto el mismo autor menciona:
Las políticas públicas son de carácter transversal y social, por ello en Colombia existen normas, proyectos y programas que dirigen el logro de los objetivos de desarrollo del milenio como el documento Conpes (decreto 627 de 1974), que es tal vez la política más relevante, ya que en ella se definen los lineamientos generales sobre el manejo económico del país y su desarrollo social, estableciendo indicadores y estrategias para cada uno de los objetivos. En este se evidencia por ejemplo la implementación de las Políticas de atención a la infancia, uno de los componentes dentro del plan de acción, que siguiendo la línea del establecimiento de las políticas deben surtir la implementación y aprobación por parte del Concejo Municipal, y que en lo público se quedan en su diseño para cumplir desde la legislación, más no en su implementación, respondiendo a un sistema educativo, político y social de una infancia con incorporación tardía, familias de escasos recursos, ausencia de recursos económicos y un índice de pobreza alto, así lo expresa la OCDE en su informe de Educación en Colombia (2016, p. 7).
Las políticas en educación tienen como fin afectar la práctica educativa, y de alguna u otra manera permitir el crecimiento de la multiplicidad social, haciendo congruente y prioritario el acceso a la educación como derecho, desde esta mirada, Adams, Kee & Lin citados por Espinoza (2009) mencionan:
Se considera que las políticas y gestión de la educación deben converger en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, fruto de una educación equitativa y con calidad, un reto para el siglo XXI que necesita de una educación distintiva, crítica y propia, acorde con los nuevos tiempos, la tecnología, la globalización y el cambio de las estructuras de acogida, que están modificando de manera potente el mundo pero que deben entenderse en un lenguaje concreto y no global, de ahí que las políticas han de realizar sus acciones con rigor, orientadas a cuatro cuestiones esenciales: la eficiencia y la calidad, el pensamiento liberador, la equidad, y la participación de las corrientes que como en todo sistema involucran los pensamientos de oposición.
Como se mencionó anteriormente, las políticas educativas tienen efectos en la calidad de la educación y describen de manera concreta la situación actual de un sistema, sin embargo es importante destacar que dichos lineamientos se encuentran estrechamente relacionados con sistemas de medición, que en anterior se comprenderán como políticas de calidad en educación, tales como pruebas, que pretenden relacionar resultados relativos al comportamiento institucional, curricular y de desempeño, tanto del sector oficial como privado, los diversos niveles de educación, y un cúmulo de variables que establecen niveles comparativos entre instituciones, países, territorios e incluso zonas urbanas, rurales, estratificación, etc.; además de estudios internacionales y pruebas nacionales que esbozan la “calidad” y permiten transformarla. Manifiesta la OCDE:
Estudios Internacionales
Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS): Valora la relación entre el currículo prescrito, el currículo aplicado y el currículo logrado, en términos de los aprendizajes de los estudiantes” . Las áreas valoradas corresponden a matemáticas y ciencias.
I, II y III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE): (12 países de América Latina y el Caribe). Lectura, escritura, matemáticas y Ciencias
II Estudio internacional de educación cívica (CIVED): conocimiento de las prácticas e instituciones democráticas, actitudes hacia la democracia, la identidad nacional, las relaciones internacionales y la cohesión y la diversidad social.
III Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), estudio orientado a examinar la forma en que los países preparan a sus jóvenes para asumir su papel como ciudadanos.
Estudio del Progreso Internacional en Competencia Lectora (PIRLS). El objetivo de este estudio es evaluar la competencia lectora en estudiantes que cursan cuarto grado (entre 9 y 10 años de edad).
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA): evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar su conocimiento y sus habilidades a problemas y situaciones de la vida real.
La participación en dichas pruebas ha esbozado las dificultades comparativas de nuestro país frente a las diversas prácticas educativas, muestra de ello son los resultados que indican: respecto al PISA 2012, un notable descenso con respecto al PISA 2009, en los estudios internacionales de cívica y ciudadanía de 1999 (CIVED) y 2009 (ICCS) el puntaje promedio de los estudiantes colombianos descendió entre una y otra prueba.
En segundo lugar, los resultados de los estudios del TIMSS y del PISA revelan igualmente que los puntajes promedio de los estudiantes colombianos son considerablemente más altos en el sector no oficial que en el sector oficial. Esto también es señalado por otras fuentes (particularmente para el PISA 2006 y 2009), Finalmente, tales resultados también señalan que la brecha entre las áreas urbanas y rurales es igualmente considerable. “En efecto, Colombia muestra la menor brecha en términos de equidad de todos los participantes latinoamericanos de PISA 2009”. (OCDE, 2012: Pág. 34) pero calificarla como un promedio, no es un indicador claro ni preciso de su estado o existencia.
Pruebas Nacionales.
En representación del sistema, las Pruebas Saber, son el sistema de evaluación convertido hoy en política de estado (Ley 715 de 2001), que le otorga carácter obligatorio a las mismas y que se usa de manera censal. Actualmente se aplican: Pruebas Saber para los grados 3o., 5o. y 9o. de la educación básica; Saber 11 para quienes culminan la educación media y Saber Pro para los diversos niveles de la educación terciaria.
Estas pruebas no solo miden currículos o el conocimiento de los estudiantes, si no el nivel de las diversas instituciones, siendo su eje central la calidad, soportada a partir de los lineamientos establecidos por estas y que definen la ruta precisa para la educación en sus diferentes etapas. Sin embargo, y en este aparte podría decirse que dichas pruebas, sobre todo en el nivel universitario, se han convertido más en una disposición económica que exige el pago de las mismas para cada graduación, evaluando los mismos contenidos, sin tener en cuenta por ejemplo áreas específicas o categorías en el caso de los programas de formación propedéutica como Publicidad, que aún sigue presentando pruebas saber pro para Comunicación, y paga tres veces por la misma prueba para poder obtener la titulación en dicha modalidad, lo que permite la consecución de recursos para el gobierno, pero no invita de manera adecuada a la problematización, uso y apropiación de dichas pruebas para mejorar la calidad de la educación superior, más allá de un logro de reconocimiento en “mejor puntaje en pruebas saber pro”, olvidando que las universidades son promotoras del desarrollo social de un país.
También es pertinente mencionar, que además de estas pruebas y estudios, la OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “evalúa y asesora al gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que garanticen competencias en las que se promuevan la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida.” (OCDE, 2016). En el informe del 2016 se puede contemplar la situación actual de Colombia frente a la meta de ser el país mejor educado de América Latina en el 2025, considerando los avances y las necesidades para cumplir con dicha meta. El informe Revisiones de Políticas Nacionales de Educación que evalúa las políticas y prácticas de Colombia en relación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el ámbito de la educación y las competencias, tomó como constante cinco principios inherentes a los sistemas educativos sólidos: un enfoque centrado en la mejora de los resultados del aprendizaje, la equidad en las oportunidades educativas, la capacidad de recopilar y usar evidencia para fundamentar las políticas, la financiación eficaz de las reformas, y el nivel de participación de todos los actores en el diseño y la aplicación de políticas; obteniendo como retos:
Medir habilidades lectoras en un país que aún cuenta con analfabetas y que tiene el acceso a la educación infantil a partir de los 5 ó 6 años, hablar de modernidad e innovación en la educación cuando en las escuelas y colegios públicos aún el internet no llega o no existen salas de sistemas suficientes para los estudiantes, establecer estándares para las habilidades pedagógicas de las madres que cuidan en hogares (que es además su única opción de trabajo) a niños de escasos recursos que no tienen la posibilidad de ingresar a un colegio privado, establecer estatutos docentes basados en el mérito y la evaluación para el acceso, la permanencia y los ascensos en la carrera de maestros que recorren a pie grandes extensiones de tierra para llegar a su escuela, con sueldos bajos, frustrados ante la incapacidad de acceder a un pregrado, pretender gratuidad de la matrícula y la creación de modelos flexibles en currículos que aun no son fuertes ni bien establecidos, cuestionarían la verdadera incidencia de las políticas públicas y educativas del país, que sin demeritar su importante labor pretenden generar revoluciones sin conciencia y sin contexto de su realidad.
Si bien es cierto que para el gobierno es un desafío lograr movilizar recursos que le apuesten a financiar su impresionante deseo de expansión educativa de calidad y teniendo en cuenta las actuales restricciones fiscales y políticas, es evidente que el diseño de políticas educativas colombianas, resta el reconocimiento del contexto y la capacidad de producción propia para hacerse partícipe de gremios, organizaciones y entes política, social y poderosamente aceptables, ya que es muy difícil reconocer la realidad del país restando interés políticos y económicos frente al poder, que siempre prima frente al sentido de desarrollo social y humano que debería tener la educación.
Las políticas de calidad que miden la educación colombiana en los diferentes niveles, evalúan teniendo como prioridad las competencias laborales, lo que advierte que el sistema de educación tiene como objetivo educar para el trabajo y el empleo, enfocando sus esfuerzos en la productividad y no en la creación de oportunidades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y que permitan la autonomía dándole significado al capital social. Aunque se ha introducido un marco común y unos estándares que tienen como finalidad mejorar la calidad del sistema educativo, dichos estándares no tienen la capacidad aún, de ser solucionadas, ya que tienen su origen en la calidad de vida de la población e inciden directamente en la proyección de las mismas, por ello es necesario que el establecimiento de los mimos se base en la realidad y no en comparaciones extremas.
Construir un sistema social educativo sólido e incluyente en términos de las condiciones económicas y sociales del país es por hoy una utopía, ya que existen demasiadas desigualdades que no parten solo de la pobreza que aun soportan determinados grupos sociales, si no de las condiciones que permean las prácticas educativas, la formación de los docentes, y la supuesta autonomía institucional, en el que además se involucran currículo, estructuras de acogida, presupuestos, y salarios. La educación colombiana se encuentra limitando sus perspectivas al campo laboral, disminuyendo la capacidad de creación y fortalecimiento social, así los programas curriculares saturados de contenido centrados en el interés del docente por cumplir con estándares de calidad, merman en el estudiante su motivación encontrando poco significativo el aprendizaje y por ende regulatorio y poco relevante el sistema de evaluación establecido.
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1 Profesional en Publicidad y mercadeo. Universidad Libertadores. Maestrante Educación: Desarrollo humano Universidad San Buenaventura seccional Armenia. Docente Facultad de Diseño y comunicación. Institución Universitaria EAM. Correo electrónico: paula.vanegas@eam.edu.co
2 Licenciada en Educación Preescolar Universidad del Quindío. Maestrante Educación: Desarrollo humano Universidad San Buenaventura seccional Armenia. Técnica en Primera Infancia, infancia y adolescencia Alcaldía de Quibdó, Chocó. Correo electrónico: marthaceciliagarzon1977@gmail.com
En el proceso de formulación de políticas públicas participan el sistema económico, político y jurídico permeados por la participación de personas y grupos sociales, que son quienes siendo políticamente aceptados tienen la capacidad de decidir y participar en una sociedad sujeta a las directrices del Estado y para las que finalmente surgen las políticas y lineamientos, en este caso de la educación; frente a esto el mismo autor menciona:
Se puede plantear que hay un nivel de incertidumbre en la política pública a pesar de considerar que el objeto de cualquier propuesta de política es controlar y dirigir cursos futuros de acción, que es la única acción sujeta a control. La política pública es la concreción del Estado en acción, en movimiento frente a la sociedad y sus problemas.De otro lado, Vitar (2006) afirma la validez de las políticas públicas en el campo educativo referenciando de manera amplia el territorio de los sistemas educativos de Iberoamérica, en este precisa: “La escuela en el sistema educativo tiene una tensión permanente con las prácticas “añejas” que aún permanecen en los contextos escolares”.; así las políticas comprendidas como una dimensión de total apertura, posibilitan la decisión individual y colectiva en un mundo de lo social, pero lo hacen de manera incipiente y radical frente a unos principios que lo estructuran en lo lineal, tradicional y poco incluyentes.
Las políticas públicas son de carácter transversal y social, por ello en Colombia existen normas, proyectos y programas que dirigen el logro de los objetivos de desarrollo del milenio como el documento Conpes (decreto 627 de 1974), que es tal vez la política más relevante, ya que en ella se definen los lineamientos generales sobre el manejo económico del país y su desarrollo social, estableciendo indicadores y estrategias para cada uno de los objetivos. En este se evidencia por ejemplo la implementación de las Políticas de atención a la infancia, uno de los componentes dentro del plan de acción, que siguiendo la línea del establecimiento de las políticas deben surtir la implementación y aprobación por parte del Concejo Municipal, y que en lo público se quedan en su diseño para cumplir desde la legislación, más no en su implementación, respondiendo a un sistema educativo, político y social de una infancia con incorporación tardía, familias de escasos recursos, ausencia de recursos económicos y un índice de pobreza alto, así lo expresa la OCDE en su informe de Educación en Colombia (2016, p. 7).
Los niños pequeños de familias desfavorecidas suelen acceder a modalidades de menor calidad o quedarse excluidos. En combinación con un entorno de aprendizaje menos propicio en el hogar, esto limita sus posibilidades de progresar adecuadamente y romper el ciclo de la pobreza.Las políticas de infancia y adolescencia hacen siempre alusión a la población menos favorecida, una población al parecer juzgada por condiciones más allá de las reales, que desde los planes de desarrollo se crean bajo el énfasis de lo mencionado, intentando garantizar los derechos a la alimentación, nutrición, educación, salud, cultura y recreación; Pareciera esto contradictorio con la realidad que traspasa el país, con niños y niñas que cada día mueren por desnutrición, por el trabajo infantil reemplazado por el interés de estar en la escuela, además de los niños y niñas que permanecen solos sin el cuidado y sin el acompañamiento de un adulto; lo que evidencia la poca o nula incidencia de las políticas públicas que convoca a los mandatarios en lo público y que en lo privado solo se queda en el asistencialismo.
Las políticas en educación tienen como fin afectar la práctica educativa, y de alguna u otra manera permitir el crecimiento de la multiplicidad social, haciendo congruente y prioritario el acceso a la educación como derecho, desde esta mirada, Adams, Kee & Lin citados por Espinoza (2009) mencionan:
La retórica de la política se refiere a enunciados amplios de metas educacionales que a menudo pueden ser encontrados en discursos nacionales de líderes políticos. Las políticas consagradas legalmente son los decretos o leyes que definen estándares explícitos y orientaciones para el sector educación. Las políticas efectivamente implementadas son aquellas legalmente impulsadas, modificadas o sin modificar, que se traducen en acciones concretas a través de cambios sistemáticos y programados” (Adams, Kee & Lin, 2001, p. 222).Lo que quiere decir que dichas políticas cuentan con sistemas de medición de calidad que determinan y redefinen las políticas públicas, siendo estas las principales orientadoras de las acciones educativas que se encuentran estrechamente relacionadas con el contexto social y los entes públicos, tales como los ministerios e instituciones educativas, siendo estas últimas quienes deben adoptar y generar las prácticas que luego serán establecidas como valoración para el correcto desempeño y medición de las mismas, siendo el resultado de las diversas influencias sociales sobre el sistema educativo. Las políticas educativas comprendidas en el sustrato ideológico han de dirigirse siempre hacia mayores y mejores logros y retos entre la educación, el sistema que lo permea y aquellos encargados de definirlas y llevarlas a cabo, respetando su tendencia e intereses han de asumir este reto de manera ineludible, esto si realmente fundamentan con rigor las bases necesarias para la educación. Sin duda, la educación siempre ha de estar en crisis en el sentido del afán por el cambio, siendo esta la necesidad más sentida en los últimas décadas, y que vista desde la valoración y adhesión a los modelos educativos europeos se enfrenta a la poca confianza de crear e implementar los propios, desde la realidad social, lo que seguro evidenciaría mayores alcances.
Se considera que las políticas y gestión de la educación deben converger en el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, fruto de una educación equitativa y con calidad, un reto para el siglo XXI que necesita de una educación distintiva, crítica y propia, acorde con los nuevos tiempos, la tecnología, la globalización y el cambio de las estructuras de acogida, que están modificando de manera potente el mundo pero que deben entenderse en un lenguaje concreto y no global, de ahí que las políticas han de realizar sus acciones con rigor, orientadas a cuatro cuestiones esenciales: la eficiencia y la calidad, el pensamiento liberador, la equidad, y la participación de las corrientes que como en todo sistema involucran los pensamientos de oposición.
Como se mencionó anteriormente, las políticas educativas tienen efectos en la calidad de la educación y describen de manera concreta la situación actual de un sistema, sin embargo es importante destacar que dichos lineamientos se encuentran estrechamente relacionados con sistemas de medición, que en anterior se comprenderán como políticas de calidad en educación, tales como pruebas, que pretenden relacionar resultados relativos al comportamiento institucional, curricular y de desempeño, tanto del sector oficial como privado, los diversos niveles de educación, y un cúmulo de variables que establecen niveles comparativos entre instituciones, países, territorios e incluso zonas urbanas, rurales, estratificación, etc.; además de estudios internacionales y pruebas nacionales que esbozan la “calidad” y permiten transformarla. Manifiesta la OCDE:
En las últimas dos décadas, el sistema educativo colombiano ha experimentado una transformación fundamental. El acceso a la educación ha sido una prioridad, con políticas ambiciosas que buscan incrementar el número de estudiantes matriculados en todos los niveles y llevar los servicios educativos a todos los rincones del país. En solo una década, la esperanza de vida escolar ha aumentado dos años, y la participación en la Atención Integral y Educación de la Primera Infancia (EIAIPI) y la educación superior se ha incrementado en más del doble; hasta el 40% y 50% respectivamente. Un mayor enfoque en los resultados del aprendizaje ha conducido a grandes reformas de la profesión docente y al establecimiento de un sistema de evaluación sólido. Una mejor gestión y distribución de los fondos han sentado las bases para tener un sistema más eficaz y satisfacer las necesidades de un país tan diverso. Las consultas nacionales sobre la reforma educativa han despertado un fuerte compromiso de la sociedad para mejorar el sistema (OCDE 2016: 15).Las políticas de mejoramiento de la calidad pretenden que todos los niños y jóvenes del país, sin restricción puedan acceder al sistema educativo colombiano desarrollando las competencias básicas que les permitan prepararse para la vida laboral, siendo esta la intención política constante, y que hace visible la necesidad de mejora de la calidad de educación en términos de competencia, mas no de condiciones de mejora social, lo que demuestra pobreza en este tipo de políticas, ya que educar para el trabajo asume la potenciación de la economía más no de la calidad de vida y de las posibilidades de creación del sujeto educable, así lo expresa Bourdieu (1996: 232):
La productividad del sistema escolar …, reduce el sistema de sus funciones, a una de ellas, así mismo sometida a una abstracción reductora: la medida tecnocrática del rendimiento escolar supone el modelo empobrecido de un sistema que, no conociendo otros fines que los que le adjudica el sistema económico, respondería óptimamente, en cantidad y en calidad, y al menor costo, a la demanda técnica de educación, es decir a las necesidades del mercado de trabajo.Según el Informe de la Contraloría delegada para el Sector social (2015), Colombia ha participado en diferentes estudios internacionales y pruebas nacionales que le han permitido medir la calidad de sus políticas en educación en áreas tales como currículo, matemáticas, ciencias, educación cívica, y competencia lectora, estudios que miden de manera regional e internacional aspectos que desde las lógicas políticas aprueban o no la lógica educativa, a partir de clasificaciones un tanto cualitativas y cientificistas: A continuación se mencionan y establecen de manera concreta la finalidad de los mismos:
Estudios Internacionales
Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS): Valora la relación entre el currículo prescrito, el currículo aplicado y el currículo logrado, en términos de los aprendizajes de los estudiantes” . Las áreas valoradas corresponden a matemáticas y ciencias.
I, II y III Estudio Regional Comparativo y Explicativo (PERCE): (12 países de América Latina y el Caribe). Lectura, escritura, matemáticas y Ciencias
II Estudio internacional de educación cívica (CIVED): conocimiento de las prácticas e instituciones democráticas, actitudes hacia la democracia, la identidad nacional, las relaciones internacionales y la cohesión y la diversidad social.
III Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS), estudio orientado a examinar la forma en que los países preparan a sus jóvenes para asumir su papel como ciudadanos.
Estudio del Progreso Internacional en Competencia Lectora (PIRLS). El objetivo de este estudio es evaluar la competencia lectora en estudiantes que cursan cuarto grado (entre 9 y 10 años de edad).
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA): evalúa la capacidad de los jóvenes de 15 años para aplicar su conocimiento y sus habilidades a problemas y situaciones de la vida real.
La participación en dichas pruebas ha esbozado las dificultades comparativas de nuestro país frente a las diversas prácticas educativas, muestra de ello son los resultados que indican: respecto al PISA 2012, un notable descenso con respecto al PISA 2009, en los estudios internacionales de cívica y ciudadanía de 1999 (CIVED) y 2009 (ICCS) el puntaje promedio de los estudiantes colombianos descendió entre una y otra prueba.
En segundo lugar, los resultados de los estudios del TIMSS y del PISA revelan igualmente que los puntajes promedio de los estudiantes colombianos son considerablemente más altos en el sector no oficial que en el sector oficial. Esto también es señalado por otras fuentes (particularmente para el PISA 2006 y 2009), Finalmente, tales resultados también señalan que la brecha entre las áreas urbanas y rurales es igualmente considerable. “En efecto, Colombia muestra la menor brecha en términos de equidad de todos los participantes latinoamericanos de PISA 2009”. (OCDE, 2012: Pág. 34) pero calificarla como un promedio, no es un indicador claro ni preciso de su estado o existencia.
Pruebas Nacionales.
En representación del sistema, las Pruebas Saber, son el sistema de evaluación convertido hoy en política de estado (Ley 715 de 2001), que le otorga carácter obligatorio a las mismas y que se usa de manera censal. Actualmente se aplican: Pruebas Saber para los grados 3o., 5o. y 9o. de la educación básica; Saber 11 para quienes culminan la educación media y Saber Pro para los diversos niveles de la educación terciaria.
Estas pruebas no solo miden currículos o el conocimiento de los estudiantes, si no el nivel de las diversas instituciones, siendo su eje central la calidad, soportada a partir de los lineamientos establecidos por estas y que definen la ruta precisa para la educación en sus diferentes etapas. Sin embargo, y en este aparte podría decirse que dichas pruebas, sobre todo en el nivel universitario, se han convertido más en una disposición económica que exige el pago de las mismas para cada graduación, evaluando los mismos contenidos, sin tener en cuenta por ejemplo áreas específicas o categorías en el caso de los programas de formación propedéutica como Publicidad, que aún sigue presentando pruebas saber pro para Comunicación, y paga tres veces por la misma prueba para poder obtener la titulación en dicha modalidad, lo que permite la consecución de recursos para el gobierno, pero no invita de manera adecuada a la problematización, uso y apropiación de dichas pruebas para mejorar la calidad de la educación superior, más allá de un logro de reconocimiento en “mejor puntaje en pruebas saber pro”, olvidando que las universidades son promotoras del desarrollo social de un país.
También es pertinente mencionar, que además de estas pruebas y estudios, la OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, “evalúa y asesora al gobierno colombiano en el desarrollo de políticas que garanticen competencias en las que se promuevan la inclusión y el mejoramiento de la calidad de vida.” (OCDE, 2016). En el informe del 2016 se puede contemplar la situación actual de Colombia frente a la meta de ser el país mejor educado de América Latina en el 2025, considerando los avances y las necesidades para cumplir con dicha meta. El informe Revisiones de Políticas Nacionales de Educación que evalúa las políticas y prácticas de Colombia en relación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE en el ámbito de la educación y las competencias, tomó como constante cinco principios inherentes a los sistemas educativos sólidos: un enfoque centrado en la mejora de los resultados del aprendizaje, la equidad en las oportunidades educativas, la capacidad de recopilar y usar evidencia para fundamentar las políticas, la financiación eficaz de las reformas, y el nivel de participación de todos los actores en el diseño y la aplicación de políticas; obteniendo como retos:
1. Ofrecer a todos los niños un buen comienzo en el sistema educativo.Sin embargo y ante la fuerza política demostrada en los informes de pruebas, estudios y demás, la aplicación evidencia una serie de fallas que no solo se visibilizan en el contexto educativo si no que se gestan desde el contexto socio económico, político y cultural de la población colombiana, una población medida en dinámicas educativas ajustadas de otros países, otros grupos sociales y otros comportamientos que si bien pueden ser un aspiracional dentro del establecimiento de políticas educativas, no deben ser la inspiración para la construcción y el desarrollo de las mismas, ya que las problemáticas, la calidad de vida y el proceso mismo de la práctica educativa están totalmente aislados del esquema compositivo con el que han sido creadas dichas pruebas, que a pesar de que mencionan la relevancia de los factores estudiantiles, escolares e institucionales se precisan en contextos alejados de la realidad colombiana, así se puede evidenciar en la siguiente comparación:
2. Mejorar los resultados del aprendizaje en todas las escuelas.
3. Expandir y modernizar la educación media.
4. Crear un sistema de educación terciaria más articulado.
El ejemplo finlandés ha demostrado la importancia de la autonomía escolar en términos de opciones curriculares flexibles. Los autores de un informe sobre Finlandia (entre los países de la OCDE obtuvo los más altos puntajes en lectura en 2000; en 2003 repitió su éxito del PISA, ocupando el segundo lugar entre todos los países participantes, después de Hong Kong; y en 2006 fue el país con más altos puntajes en ciencias) atribuyen su éxito a un curriculum escolar flexible y a la oferta de materias opcionales” (Contraloría Delegada para el Sector Social, 2014: 15).Es difícil comparar la educación de un país como Colombia frente a uno como Finlandia, ya que su sistema económico y social son opuestos, es poco pertinente pretender que las mismas pruebas en un proceso tan importante como la educación, se apliquen y diseñen de la misma manera, ya que para Colombia, aun el acceso a la educación es un desafío y no la prioridad gubernamental, que aún hoy en posconflicto continúa dando mayor relevancia al sostenimiento de la guerra y no de la educación. Los informes demuestran las grandes brechas que tiene el sistema de educación colombiano: el sector oficial y el no oficial, el sector urbano y el sector rural, la desigualdad en la calidad de educación, el bajo promedio de los estudiantes en las pruebas evidenciado en los resultados que por áreas de conocimiento, no son consistentes con el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, y la desigualdad que aún reina en cuanto al acceso y el diseño de buenas políticas publicas frente al sistema de educación colombiano.
Medir habilidades lectoras en un país que aún cuenta con analfabetas y que tiene el acceso a la educación infantil a partir de los 5 ó 6 años, hablar de modernidad e innovación en la educación cuando en las escuelas y colegios públicos aún el internet no llega o no existen salas de sistemas suficientes para los estudiantes, establecer estándares para las habilidades pedagógicas de las madres que cuidan en hogares (que es además su única opción de trabajo) a niños de escasos recursos que no tienen la posibilidad de ingresar a un colegio privado, establecer estatutos docentes basados en el mérito y la evaluación para el acceso, la permanencia y los ascensos en la carrera de maestros que recorren a pie grandes extensiones de tierra para llegar a su escuela, con sueldos bajos, frustrados ante la incapacidad de acceder a un pregrado, pretender gratuidad de la matrícula y la creación de modelos flexibles en currículos que aun no son fuertes ni bien establecidos, cuestionarían la verdadera incidencia de las políticas públicas y educativas del país, que sin demeritar su importante labor pretenden generar revoluciones sin conciencia y sin contexto de su realidad.
Si bien es cierto que para el gobierno es un desafío lograr movilizar recursos que le apuesten a financiar su impresionante deseo de expansión educativa de calidad y teniendo en cuenta las actuales restricciones fiscales y políticas, es evidente que el diseño de políticas educativas colombianas, resta el reconocimiento del contexto y la capacidad de producción propia para hacerse partícipe de gremios, organizaciones y entes política, social y poderosamente aceptables, ya que es muy difícil reconocer la realidad del país restando interés políticos y económicos frente al poder, que siempre prima frente al sentido de desarrollo social y humano que debería tener la educación.
Las políticas de calidad que miden la educación colombiana en los diferentes niveles, evalúan teniendo como prioridad las competencias laborales, lo que advierte que el sistema de educación tiene como objetivo educar para el trabajo y el empleo, enfocando sus esfuerzos en la productividad y no en la creación de oportunidades que permitan el mejoramiento de la calidad de vida y que permitan la autonomía dándole significado al capital social. Aunque se ha introducido un marco común y unos estándares que tienen como finalidad mejorar la calidad del sistema educativo, dichos estándares no tienen la capacidad aún, de ser solucionadas, ya que tienen su origen en la calidad de vida de la población e inciden directamente en la proyección de las mismas, por ello es necesario que el establecimiento de los mimos se base en la realidad y no en comparaciones extremas.
Construir un sistema social educativo sólido e incluyente en términos de las condiciones económicas y sociales del país es por hoy una utopía, ya que existen demasiadas desigualdades que no parten solo de la pobreza que aun soportan determinados grupos sociales, si no de las condiciones que permean las prácticas educativas, la formación de los docentes, y la supuesta autonomía institucional, en el que además se involucran currículo, estructuras de acogida, presupuestos, y salarios. La educación colombiana se encuentra limitando sus perspectivas al campo laboral, disminuyendo la capacidad de creación y fortalecimiento social, así los programas curriculares saturados de contenido centrados en el interés del docente por cumplir con estándares de calidad, merman en el estudiante su motivación encontrando poco significativo el aprendizaje y por ende regulatorio y poco relevante el sistema de evaluación establecido.
Referencias bibliográficas
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Contraloría delegada para el sector social. (2014). Política educativa y calidad de la educación básica y media en Colombia. [Studylib.es]. Recuperado de: http://studylib.es/doc/5336375/pol%C3%ADtica-educativa-y-calidad-de-la-educaci%C3%B3n-b%C3%A1sica-y-med…
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